Comunas de Medellín: de nuevo bajo controles restrictivos ilegales

03/28/08

Grupos armados ilegales que actúan bajo prácticas paramilitares desarrollan desde hace algunos meses controles restrictivos en diversos barrios de Medellín con el fin de preservar su poder. Denuncias de pobladores, asesinatos selectivos de carácter político, control a desplazados y desapariciones forzadas llevan a concluir que en algunos sectores de la capital antioqueña se vive en permanente tensión.

“Hace por lo menos seis meses varios líderes de los reinsertados de las autodefensas se reunieron en La Sierra y decidieron reactivar la vigilancia en sitios estratégicos. Hoy es posible ver hombres armados, sin camuflados, pero armados, en aquellos lugares desde donde es posible controlar los accesos a la comuna”, contó un poblador de este reconocido barrio del oriente de la ciudad, que fue tema de un documental que mostró las dinámicas del conflicto vividas allí durante la década del 90.

Al otro lado de la ciudad, en Belén Zafra, barrio del suroccidente habitado por obreros y trabajadores informales, algunos pobladores narraron una situación similar: “Desde hace varias semanas hemos sentido hombres que patrullan el barrio. Yo calculo que entre 80 y 100 hombres hacen parte de ese grupo”. Allí asocian a estos hombres con los paramilitares, puesto que los señalan como “los mismos que antes de la desmovilización mandaban por acá”. En esa zona operó el bloque Magdalena Medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

La situación también ha sido advertida en amplios sectores del populoso barrio Castilla, en el occidente de la ciudad. Sus habitantes reconocen y señalan a antiguos integrantes del bloque Cacique Nutibara como los “comandantes”, quienes tienen plena autoridad sobre la zona y ejercen amplio control territorial. “Ellos lo manejan todo y quienes se distancien de sus directrices corren peligro”, dicen aquellos que se atrevieron a hablar del tema.

Este control preventivo, que por momentos se asemeja a controles contrainsurgentes que se consideraban erradicados de la ciudad, se viene expresando de varias maneras, una de ellas es la imposición de rigurosos controles nocturnos. Ese mecanismo de regulación social, que vulnera el derecho de libre movilización, se aplica desde hace varios meses por grupos identificados como “Águilas Negras” que, a través de panfletos intimidatorios, han obligado a los jóvenes de diversas comunas a resguardarse en sus casas a partir de las 9 de la noche.

Se tienen registros de regulaciones horarias en decenas de barrios de la ciudad, sobre todo aquellos ubicados en las comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 16. Varios pobladores admiten que, aún desconociendo el origen de esos panfletos, prefieren acatar esas órdenes y llegar temprano a sus lugares de residencia.

En Calasanz, un barrio de clase media, los jóvenes tienen miedo de quedarse en las calles hasta altas horas de la noche, pues temen ser atacados. Este barrio limita con El Pesebre, un sector de la comuna 13 donde el control ilegal asociado a expresiones paramilitares se han mantenido aún después de haber finalizado la desmovilización de las Auc, en agosto 15 de 2006.

Otro de los controles impuestos a la ciudadanía lo sufren los desplazados que llegan a los barrios periféricos de la ciudad en busca de algún lote para construir un rancho o en busca de algún familiar o amigo. “Cada que una familia desplazada llega a este sector es indagado por desmovilizados de los paramilitares, quienes mandan gente a averiguar quiénes llegaron, de dónde, por qué llegaron allí. Eso intimida al desplazado y algunos prefieren irse de allí”, cuenta un líder de la comuna 8.

Asesinan ex guerrilleros

Pero la expresión más dramática del control preventivo la estarían sintiendo los reinsertados de la guerrilla, varios de los cuales han sido asesinados aparentemente por habitar en barrios donde predominan aquellos grupos armados ilegales que operan bajo prácticas paramilitares.

El primer caso de este año ocurrió el pasado 4 de enero en el barrio Belén Zafra. A manos de desconocidos perdieron la vida los hermanos Fernán Arango Galeano, de 20 años de edad, y Juan Carlos Arango Galeano, de 25. Ambos llegaron a este sector a comienzos de diciembre procedentes del municipio de Nariño, oriente antioqueño. Por recomendación de un amigo, arrendaron una tienda, donde trabajaban y vivían.

“A uno de los jóvenes se le oyó decir que era reinsertado de la guerrilla del Eln, lo que inquietó al grupo armado que hace presencia allí. Al amanecer del viernes 4 de enero, llegó a la tienda un grupo de por lo menos 8 hombres y se los llevó. Más tarde, aparecieron muertos”, narró un poblador.

Días después fue ajusticiado Martín Hernández, egresado del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, integrante del comité editorial de la revista Kabai, publicación de este centro superior y reconocido líder barrial. Personas cercanas al politólogo narraron que a medio día del lunes 14 de enero fue abordado por “presuntos desmovilizados” de las Auc, a la altura de la Clínica La María, sector de Castilla, y fue baleado.

“Es un crimen político perpetrado por los paramilitares”, dijo un amigo de Hernández. Habitantes del barrio Castilla señalan como responsables a “los paramilitares que aún operan en el barrio Picacho, quienes ordenaron su muerte porque sindicaban a Martín de ser un reclutador de las Farc, versión infame que riñe con la realidad”.

Una semana más tarde fueron ajusticiados Alonso Vidal Arango y Mauro de Jesús Hernández Murillo, ambos de 27 años y reinsertados de la guerrilla de las Farc. De acuerdo con versiones de vecinos, los dos hombres habían sido retenidos por varios hombres desconocidos el domingo 20 de enero. Uno de ellos fue sacado de su casa, el otro, de un establecimiento público. Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente en una zona despoblada del barrio Olaya Herrera con sendos disparos en sus cuerpos. Los dos muchachos habían abandonado las filas de la guerrilla de las Farc, en el norte de Antioquia, en junio del año pasado y se habían reincorporado a la vida civil.

Un cuarto caso se presentó la noche del lunes 28 de enero en el barrio Castilla cuando un comando armado asesinó a los esposos María Evelia Pérez, de 30 años de edad, y a Luis Antonio Agudelo, de 35. Según testigos del hecho, por lo menos 8 hombres, portando armas largas, llegaron a la casa de la pareja y tras intimidarlos procedieron a asesinarlos. Versiones de distintas fuentes coinciden en explicar que ese doble crimen fue un error, por cuanto algunos hechos ocurridos meses antes demostrarían que el comando armado estaba buscando a dos reinsertados del Eln vecinos de la pareja.

“Ambos reinsertados, que trabajaban como informantes del Ejército, estaban siendo hostigados desde noviembre del año pasado por supuestos desmovilizados que ejercen control en la comuna 7, luego de que aparecieran algunos grafitis alusivos al Eln. Recibieron recriminaciones, a uno de ellos lo golpearon y les balearon la casa. Finalmente, tuvieron que irse del lugar”, narró una fuente. Al parecer, el grupo que ejecutó el doble crimen no recibió la información sobre el traslado de lugar de habitación de los dos reinsertados y ejecutó por error a la pareja.

También desaparecen

Las desapariciones forzadas también se han convertido en un mecanismo de control que, según el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), ha afectado a por lo menos 23 personas en lo que va corrido del año.

Uno de los casos que tendría relación con estos controles contrainsurgentes se presentó entre la noche del domingo y el amanecer del lunes 4 de febrero en el barrio 8 de Marzo, oriente de la ciudad. Un nutrido grupo de hombres armados y encapuchados llegó hasta el lugar de vivienda de la familia Robledo Zea y tras someter a las mujeres y a los niños y tenerlos como rehenes toda la noche, procedió a llevarse a los hermanos Jesús Daniel Robledo Zea, de 35 años de edad, y Jonh Emilio Robledo Zea, de 37. El comando armado pasó a una casa vecina y sacó de ella a David Mena Buenaño, de 22 años de edad, cuñado de los dos anteriores.

“Esos hombres llegaron como a las 8 de la noche a la casa. Lo primero que nos dijeron fue que nos tiráramos al piso y que no los miráramos a la cara. Cogieron a los muchachos y nos dijeron que se los iban a llevar, pero que más tarde los devolvían, que nos quedáramos tranquilas. Así nos tuvieron toda la noche. Unos se llevaron a los muchachos, otros se quedaron con nosotras como hasta las cinco de la mañana”, narró una de las familiares. Hasta el momento no saben nada de ellos.

Jesús Daniel, John Emilio y David eran trabajadores de la firma Ingetec y constantemente tenían que desplazarse a diversas regiones de Antioquia por varias semanas. Ambas familias habían construido sus ranchos en un sector del barrio hacía por lo menos cinco meses, y eran los únicos afrodescendientes del lugar. Al parece su condición de morenos, de ser nuevos en el barrio y viajar regularmente los hizo objeto de sospecha de aquellos que ejercen control ilegal armado en la zona, quienes los sindicaron de integrar la guerrilla del Eln. “Es un error lo que cometieron contra nuestros hermanos”, manifestó con dolor una de las familiares de los desaparecidos.

Algunas explicaciones

En entrevista publicada por la Agencia de Prensa IPC el pasado 14 de febrero, el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, aseveró que “el número de desmovilizados vinculados a programas asistenciales del Gobierno sigue siendo muy alto, lo que nos permite medir que no están en actividades preventivas contrainsurgentes en las ciudades”.

Jorge Fernando Gaviria Vélez, director del Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, encargado de la intervención a por lo menos 4.200 desmovilizados de las Auc y a cerca de 700 ex miembros del ELN y las Farc, asegura que las recientes muertes de los reinsertados de la guerrilla no obedecen a un plan de control contrainsurgente que se esté llevando a cabo en la ciudad: “Hay convivencia, hay tensiones, como en la casa de uno, pero se está acompañando este proceso”. (Ver entrevista)

Pero hay otras lecturas. Líderes sociales y comunitarios no dudan en señalar que el control impuesto en algunos barrios de la ciudad tienen connotaciones contrainsurgentes. “Hay una agudización de esos controles a partir de la marcha del 4 de febrero y de la del 6 de marzo”, dice un activista en derechos humanos que pidió la reserva del nombre.

Ese tipo de controles sociales vienen atemorizando a varios líderes barriales al punto que están limitando sus intervenciones públicas, pues se sienten intimidados. “Es que se siente que se criminaliza el trabajo social. Lo asocian con la izquierda, cuando no siempre es así. Por eso es muy difícil expresar muchas posiciones públicamente, hay mucha desconfianza”, explica un líder comunitario.

Otro riesgo lo viven aquellos que desde sus liderazgos políticos asumen abiertamente posiciones de izquierda: “El hecho de considerarnos de izquierda ya es un motivo de estigmatización y eso tiene sus riesgos. Cuando se desata un plan contrainsurgente se busca eliminar líderes sociales y dirigentes que representen esas posiciones políticas”, agrega un dirigente político, quien no vacila en asociar la muerte del politólogo Martín Hernández con esas circunstancias.

Analistas urbanos del conflicto advierten que no hay, hasta el momento, una única explicación a estos fenómenos que atentan contra los derechos ciudadanos. Uno de ellos, que solicitó la reserva del nombre, plantea tres hipótesis: “La primera estaría relacionada con las pugnas por el relevo en el control de las estructuras del narcotráfico y los grupos que están detrás de esas pugnas pretenden presentarse como justicieros; la segunda estaría relacionada con el malestar de grupos de desmovilizados del paramilitarismo por la pérdida de interlocución con la Administración Municipal; y la tercera sería una estrategia de algunos sectores de la Fuerza Pública que estarían interesados en generar mecanismos de intimidación”.

Si bien no hay explicaciones concretas, lo cierto es que en diversos sectores de Medellín sus habitantes, particularmente los jóvenes, viven bajo intimidación permanente y afrontan la pérdida de derechos tan básico como la libre movilización y la libre expresión, asunto que reclama una mayor atención de las autoridades